Acuerdan reubicar fuera de La Cuaba la planta de procesamiento de residuos sólidos
La empresa privada Oak House convino este domingo con funcionarios gubernamentales, alcaldes y dirigentes vecinales reubicar fuera del distrito municipal de La Cuaba la instalación de su planta de reciclaje, valorización y vertedero de desechos. El acuerdo anunciado pone fin al conflicto territorial que se originó al proyectar las obras en el paraje Los Aguacates, ubicado en el municipio de Pedro Brand, garantizando la tranquilidad de los habitantes locales.
La resolución del conflicto se adoptó por mandato del presidente Luis Abinader y fue transmitida a los residentes por una delegación estatal que incluyó a Junior Santos, quien encabeza la Mancomunidad del Gran Santo Domingo y dirige la alcaldía de Los Alcarrizos, junto a Alexis Jiménez en su condición de viceministro de la Presidencia. Los representantes oficiales explicaron que iniciarán un proceso coordinado con los inversionistas para seleccionar un predio sustituto que no afecte a esta demarcación.
La decisión representa una victoria pacífica para las familias y agricultores de la comarca, quienes sostuvieron movilizaciones continuas durante aproximadamente 160 días de vigilias y protestas. Los residentes expresaban honda preocupación por las posibles repercusiones negativas del depósito sanitario sobre los afluentes acuíferos, la integridad medioambiental y las labores agrícolas y ganaderas que sostienen la economía de esa zona campestre.
Entre los portavoces vecinales que encabezaron las conversaciones con el Gobierno estuvieron Milagro Laureano, dirigente de la Junta de Vecinos Los Aguacates; el religioso Geraldo Pérez, perteneciente a la Confraternidad de Pastores; y Fabio Correa, quien preside la Junta de Desarrollo local. Paralelamente, el encargado distrital de La Cuaba, Carlos Julio Montaño Ureña, ratificó a la opinión pública que el terreno inicial ha quedado totalmente descartado para la edificación del vertedero.
Desde la Mancomunidad señalaron que el consenso protege el derecho comunitario a un entorno ecológicamente sano y, al mismo tiempo, respeta la seguridad jurídica de la empresa inversionista mientras se canaliza una solución moderna al destino final de la basura metropolitana.
Con información de N Digital.
