Alertan sobre fallas de la inteligencia artificial al analizar jurisprudencia en el país
El uso creciente de herramientas digitales de inteligencia artificial en la comunidad legal de la República Dominicana ha encendido alertas sobre los límites metodológicos que presentan estas plataformas al interpretar decisiones judiciales. El jurista Carlos Peña advirtió este fin de semana en Santo Domingo que, aunque estos sistemas localizan normativas y resoluciones en cuestión de instantes, carecen de la capacidad analítica necesaria para descifrar el verdadero sentido jurídico emitido por los jueces.
De acuerdo con el especialista, una de las principales fallas radica en la dificultad que muestran los algoritmos para desglosar la arquitectura interna de un fallo. La tecnología suele confundir la ratio decidendi, que constituye el argumento medular vinculante de una determinación, con los obiter dicta u opiniones secundarias vertidas durante la deliberación. Esta confusión provoca que programas automatizados presenten razonamientos descartados como si fueran directrices jurisprudenciales obligatorias para litigantes y estudiantes universitarios.
Asimismo, el abogado puntualizó otro error recurrente en las consultas jurídicas procesadas mediante lenguaje natural: la citación indebida de pronunciamientos de tribunales inferiores que fueron recurridos. Cuando una resolución es modificada o revocada con posterioridad por una corte de casación, los motores automatizados con frecuencia continúan difundiendo el criterio anterior sin advertir que ya no goza de vigencia, desvirtuando el estado real del derecho aplicable.
El estudio del derecho dominicano recurre habitualmente a los precedentes judiciales como base indispensable para respaldar argumentos y guiar la enseñanza universitaria. Aunque la capacidad de ingresar interrogantes en lenguaje cotidiano abre una vía ágil para interactuar con vastos repositorios de leyes y dictámenes, el especialista recalca que hallar un documento que parezca pertinente no equivale a entender la solución legal adoptada. De este modo, la labor investigativa continúa requiriendo el criterio humano para no asumir como doctrina un enfoque superado.
Este debate cobra relevancia ante la progresiva digitalización del servicio judicial. Durante el primer cuatrimestre del año corriente, los cómputos institucionales contabilizaron 434,689 solicitudes procesadas en el territorio dominicano, sumando 164,426 gestiones canalizadas por vía del portal web oficial. Paralelamente, la administración de justicia mantiene directrices de confidencialidad orientadas a tutelar la información sensitiva dentro de los dictámenes de las cortes.
Con información de N Digital.
