Autoridades y Anadegas buscan evitar la suspensión de tarjetas en 780 gasolineras
Diversas dependencias del Estado dominicano intensifican este martes sus gestiones de mediación para impedir que la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas proceda a desconectar los aparatos de cobro electrónico en sus 780 expendios afiliados a partir del venidero 25 de septiembre. La intervención oficial busca alcanzar una solución consensuada entre los dueños de negocios de carburantes y las entidades operadoras de pagos digitales antes del vencimiento del plazo advertido.
Las coordinaciones de diálogo están encabezadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, contando con el concurso del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor. El titular de esta última entidad, Eddy Alcántara, expresó que los esfuerzos institucionales priorizan salvaguardar los intereses de los conductores cotidianos, señalando que las diferencias deben zanjarse con sensatez para impedir que la población sufra limitaciones en sus medios habituales de pago.
El diferendo gira en torno al esquema de comisiones bancarias que los procesadores tecnológicos descuentan a las estaciones por cada venta realizada mediante tarjetas de débito o crédito. De acuerdo con los reclamos sostenidos por el gremio detallista, estas deducciones absorben aproximadamente el 27 por ciento del margen bruto obtenido por cada galón despachado, lo que generó el reclamo de una revisión integral de la estructura de cobros financieros.
Las gestiones se reactivan luego de que el 7 de julio ambas partes establecieran una tregua inicial de un mes que concluyó sin acuerdos definitivos sobre las tasas aplicadas a las transacciones. Por ello, las autoridades de protección al consumidor exhortaron a los directivos empresariales a mantener la serenidad y agotar las vías de concertación, advirtiendo que una eliminación abrupta de los terminales perjudicaría gravemente a los clientes que no disponen de dinero en efectivo al momento de abastecerse.
Pro Consumidor ratificó que permanece en comunicación permanente con las asociaciones empresariales y las entidades del sector financiero para estructurar alternativas viables. La meta gubernamental consiste en garantizar la estabilidad operativa del despacho de hidrocarburos a escala nacional sin que los usuarios finales sufran trabas ni retrocesos en la modernización de los canales comerciales.
Con información de Diario Libre y El Día.