Cámara de Diputados aprueba ley para frenar entrada de bienes hechos con trabajo forzoso
La Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó este miércoles en primera discusión un proyecto de ley que autoriza a la Dirección General de Aduanas (DGA) a impedir la entrada al territorio aduanero nacional de mercancías, materias primas o productos elaborados, total o parcialmente, bajo esquemas de trabajo forzoso. La pieza legislativa instaura protocolos rigurosos para indagar la trazabilidad de la cadena de suministro internacional y frenar el comercio desleal en los puertos y aeropuertos criollos, blindando la reputación comercial del país.
El debate de la iniciativa responde a la coyuntura comercial frente a los Estados Unidos, socio que impuso un arancel preferencial diferenciado de 12,5 % a los embarques dominicanos, en contraste con el 10 % aplicado a otros mercados regionales. Las autoridades norteamericanas sustentaron su decisión arancelaria en la ausencia de una legislación dominicana que facultara a las aduanas a vetar activamente el ingreso de mercancías originadas en la explotación laboral obligatoria o en condiciones de servidumbre.
El marco normativo confiere atribuciones precautorias a la administración aduanera, permitiéndole congelar despachos de importación, retener cargamentos en depósitos fiscales y aplicar vedas provisionales de 45 días continuos, extensibles por un período adicional de 30 días en tanto se completan las indagatorias. Mientras la DGA conservará la potestad decisoria sobre el decomiso o veto del producto, el Ministerio de Trabajo asumirá la evaluación técnica para constatar si existió vulneración laboral en el proceso manufacturero extranjero.
Entre las disposiciones vinculantes, se estipula que los comerciantes deberán manifestar expresamente en la Declaración Única Aduanera (DUA) si conocen o sospechan de irregularidades laborales en los bienes consignados. El articulado advierte que el suministro de datos fraudulentos acarreará sanciones administrativas pecuniarias y responsabilidades legales, al tiempo que establece que todos los costes derivados de la retención, guarda en muelles, devolución a origen o destrucción del cargamento serán pagados íntegramente por el importador infractor.
Con información de Diario Libre y Remolacha.