Camipe urge modernizar la Ley Minera de 1971 ante proyectos de tierras raras en el país
La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe) consideró inaplazable la actualización integral de la Ley Minera 146-71, ordenamiento legal que se mantiene en vigor en el territorio nacional desde hace más de cinco décadas. El gremio empresarial fundamentó su solicitud en la necesidad de incorporar las continuas transformaciones tecnológicas del sector, los estándares de sostenibilidad ecológica contemporáneos y los proyectos de exploración de minerales de alto valor estratégico, como los yacimientos de tierras raras situados en el suroeste dominicano.
Martín Valerio, director ejecutivo de la institución representativa, argumentó que el texto legislativo vigente fue promulgado originalmente a inicios de los años setenta, respondiendo a una realidad socioeconómica muy distinta a la actual, cuando el Estado dominicano todavía no contaba con un marco institucional especializado en materia de recursos naturales ni disponía de una política de conservación ambiental formalmente reglamentada para fiscalizar las operaciones extractivas.
El representante empresarial puntualizó que el cuerpo legal permitió encauzar las actividades de la industria por medio siglo, aunque afirmó que «no es una ley mala, porque te ha permitido llevar el sector minero hasta la fecha, pero definitivamente está desfasada por los avances mismos de la minería». A juicio de la entidad, la adecuación resulta imperativa en momentos en que la República Dominicana examina el valor económico de las reservas minerales albergadas en la Reserva Fiscal Minera Ávila, localizada en la provincia de Pedernales.
Valerio recordó que la estructura ambiental nacional comenzó a forjarse a partir de los años noventa y alcanzó su consolidación legal en el año 2000 mediante la promulgación de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esta evolución normativa generó zonas de superposición administrativa entre los mandatos de la antigua ley minera y las atribuciones tutelares asignadas a las autoridades ambientales, por lo que urgió a armonizar ambas legislaciones para brindar seguridad jurídica a las inversiones y preservar los ecosistemas.
Con información de El Día.
