Colegio de Abogados anuncia mil becas de maestría y reparte veinte mil códigos legales
El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Potentini, dio a conocer un abarcador plan de fortalecimiento institucional que contempla la concesión de mil becas para estudios de maestría y el reparto libre de costo de veinte mil textos de los nuevos códigos Penales del país. La iniciativa académica busca facilitar la actualización técnica y el progreso formativo de los profesionales del derecho en todas las regiones de la geografía nacional.
El programa académico ofrecerá acceso a especializaciones en prestigiosas universidades dominicanas en áreas de alta demanda contemporánea, como derecho penal, inmobiliario, laboral, constitucional y administrativo, además de incorporar módulos sobre inteligencia artificial aplicada a las ciencias jurídicas. Potentini subrayó que esta inversión en capital intelectual responde al compromiso de elevar la competitividad y los estándares de ejercicio ético entre los juristas criollos.
En materia editorial, el gremio distribuirá diez mil ejemplares impresos del Código Penal y diez mil del Código Procesal Penal. Este despliegue de material bibliográfico permitirá a los togados de escasos recursos y a los litigantes jóvenes estudiar de primera mano las modificaciones legislativas recién adoptadas en el país, asegurando que las innovaciones normativas se conozcan a fondo en los tribunales y salas de audiencia.
La propuesta formativa estará respaldada por jornadas continuas de adiestramiento, seminarios, diplomados y cursos que se impartirán en las diversas demarcaciones provinciales, coordinados de manera conjunta por la Escuela Nacional del Abogado y las distintas seccionales del gremio. La estrategia procura descentralizar la oferta educativa para que los profesionales residentes en el interior gocen de idénticas oportunidades de superación que sus colegas de los centros urbanos.
El paquete institucional anunciado por la directiva del CARD incluye asimismo la puesta en marcha de coberturas de auxilio social, gestiones previsionales para miembros vulnerables, el restablecimiento de seguros de salud y la preservación del patrimonio institucional, luego del dictamen del Tribunal Constitucional que reconoció formalmente la conducción legítima de la entidad profesional.
Con información de El Nuevo Diario.
