Decreto 672-26 ordena compras de programas sociales a Mipymes industriales en RD

El Poder Ejecutivo promulgó el Decreto 672-26, una disposición oficial que instruye a las entidades estatales a adjudicar los contratos de programas sociales especiales exclusivamente a micro, pequeñas y medianas empresas industriales dominicanas. La medida gubernamental busca vigorizar el aparato productivo local y promover plazas de empleo mediante la compra directa de artículos manufacturados y agroindustriales elaborados en el país.

La normativa establece que las adquisiciones públicas deberán orientarse a insumos de alimentación, vestuario, útiles escolares y asistencia comunitaria sin la participación de intermediarios, salvo que el fabricante expida una autorización previa por escrito. Asimismo, se condiciona la participación de los productores locales a su capacidad efectiva para abastecer los volúmenes demandados y sostener los estándares de calidad solicitados por cada organismo licitante.

Entre los órganos estatales comprendidos en el mandato figuran la Dirección de Desarrollo Social Supérate, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) y la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac). La ordenanza abarca igualmente a dependencias como el Ministerio de Educación, el Servicio Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia.

El alcance del decreto incluye también adquisiciones específicas ejecutadas por el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL), el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales y cuerpos castrenses. No obstante, las autoridades aclararon que el mandato aplica estrictamente a los renglones de ayuda social y bienes determinados en el texto legal, sin afectar la totalidad de sus contrataciones ordinarias.

Todos los concursos y adjudicaciones derivados de este esquema se regirán bajo las pautas de transparencia y libre competencia consagradas en la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, garantizando oportunidades de negocio equitativas para los industriales del territorio dominicano.

Con información de Diario Libre.