Depositan proyecto de ley para regular concesiones públicas de hasta 40 años en el país
Un nuevo marco normativo denominado proyecto de Ley General de Concesiones de Bienes, Servicios y Obras Públicas fue depositado ante el Congreso Nacional de la República Dominicana, con el propósito de ordenar la adjudicación y fiscalización de acuerdos entre el Estado y entidades privadas. La propuesta legislativa procura establecer reglas claras y mecanismos rigurosos de control para blindar los recursos del erario y promover inversiones estratégicas en el territorio nacional. Al acto de presentación asistió el presidente del Senado y miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, Ricardo de los Santos.
El texto legislativo concibe este esquema como una vía intermedia entre los procesos habituales de compras gubernamentales y los convenios de alianzas público-privadas. La finalidad primordial consiste en viabilizar la construcción de grandes infraestructuras e impulsar la prestación de servicios básicos a través del capital empresarial privado, evitando que el Estado se vea obligado a comprometer patrimonio o partidas presupuestarias de forma anticipada.
Dentro de sus innovaciones estructurales, la pieza jurídica formula la instauración formal del Sistema Nacional de Concesiones Públicas. Este órgano coordinador estará articulado de manera conjunta por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), el Consejo Nacional de Concesiones y la Dirección Técnica de Concesiones, apoyados por diversos departamentos vinculados a la administración financiera. Asimismo, se creará el Registro Nacional de Concesionarios del Estado junto a un riguroso régimen de incompatibilidades para cerrar el paso a actos de corrupción o anomalías en la libre concurrencia comercial.
En lo concerniente a los plazos operativos, la iniciativa determina que la selección de los concesionarios deberá efectuarse mediante licitaciones públicas de escala nacional o internacional bajo estrictos criterios de calificación previa. Los convenios suscritos tendrán una duración delimitada que oscilará entre cinco y un tope máximo de cuarenta años, fijando restricciones contundentes a las extensiones temporales y prohibiendo de manera tajante cualquier renovación de carácter automático.
El proyecto faculta igualmente a promotores particulares a someter propuestas técnicas de interés general que prescindan de aportes estatales, si bien dicha postulación no garantizará una adjudicación de oficio. Para asegurar el cumplimiento de las metas contractuales, se estipula un catálogo de penalidades por faltas leves, graves y muy graves, que contempla desde sanciones pecuniarias y el cobro de garantías hasta la inhabilitación administrativa para participar en futuros concursos públicos.
Con información de N Digital.