EE. UU. pide anular el decreto que protege el cultivo de arroz en República Dominicana
La representación comercial del gobierno de Estados Unidos solicitó a las autoridades dominicanas la derogación del Decreto 693-24, instrumento legal diseñado para resguardar la producción arrocera de Quisqueya frente a las importaciones bajo el acuerdo de libre comercio regional. El planteamiento se conoció tras una reunión telemática celebrada entre delegados de Washington y representantes del Estado dominicano, con el fin de revisar el intercambio económico entre las dos naciones en septiembre de 2026.
A través de un comunicado difundido en la plataforma X, la Oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR) puntualizó que la eliminación de este mecanismo arancelario resulta de gran valor para garantizar la libre colocación del grano cosechado en suelo norteamericano dentro del mercado dominicano. En la sesión virtual participaron activamente Jeffrey Goettman, en su rol de adjunto comercial, junto a la embajadora Julie Callahan, jefa negociadora en el sector agropecuario norteamericano, quienes intercambiaron impresiones con Víctor Bisonó, ministro de Relaciones Exteriores de la nación quisqueyana.
El Decreto 693-24 cobija un entramado agropecuario fundamental para la economía familiar en dieciocho demarcaciones provinciales del país, consolidando infraestructuras de siembra, molienda y distribución que aseguran la autosuficiencia en este renglón cotidiano de la mesa criolla. Las cifras oficiales dan cuenta de que durante el año 2025 la cosecha nacional ascendió a 14.78 millones de quintales, volumen que rebasa el millón de toneladas métricas para suplir la demanda de los hogares.
Esa destacada capacidad productiva coloca a la República Dominicana como el referente principal del cultivo arrocero en toda la cuenca caribeña y centroamericana, llegando a superar con creces los rendimientos combinados del istmo. En comparación, el conjunto de los seis países de América Central apenas recolectó 571 mil toneladas métricas en ese ciclo, una cantidad que no alcanza a cubrir las exigencias de consumo de esa zona, estimadas anualmente en 1.5 millones de toneladas.
Las conversaciones bilaterales ponen en primer plano la importancia de concertar soluciones que mantengan la estabilidad de los agricultores criollos mientras se atienden las pautas comerciales del DR-Cafta. El fortalecimiento de la producción interna ha sido una prioridad histórica para preservar el abastecimiento regular de este cereal indispensable en los hogares dominicanos y garantizar precios estables en los puntos de venta de todo el país.
Con información de AlMomento.