Entra en vigor norma de USCIS sobre carga pública para la residencia permanente
El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS) puso en vigencia este viernes 18 de septiembre un manual actualizado que endurece los criterios para rechazar solicitudes de residencia legal permanente, conocida popularmente como «green card», bajo el principio de carga pública. La disposición federal faculta a los examinadores migratorios a descartar a aquellos postulantes extranjeros que se determine tengan probabilidades de recurrir al auxilio financiero de programas asistenciales financiados por los contribuyentes norteamericanos.
De acuerdo con precisiones facilitadas por el Immigrant Legal Resource Center (ILRC), la medida impacta directamente a los extranjeros que gestionan su estatus por medio de peticiones familiares —tales como esposos, progenitores, vástagos o hermanos de ciudadanos estadounidenses o residentes—, al igual que peticiones sustentadas en ofertas laborales. Por el contrario, la directriz no afecta a personas amparadas bajo solicitudes de asilo, condición de refugiados, visas humanitarias U o T, la ley de protección VAWA ni el Estatus de Inmigrante Juvenil Especial (SIJS).
El instructivo oficial otorga una mayor discrecionalidad a los funcionarios de control migratorio al momento de ponderar el expediente. Entre los subsidios sometidos a escrutinio figuran la entrega periódica de efectivo estatal, viviendas de alquiler subvencionado, programas gubernamentales de alimentación, apoyos económicos para formación académica y determinados servicios médicos asistenciales. Adicionalmente, se tomará en consideración si parientes directos del núcleo del solicitante dependen de tales fondos estatales y este tiene la obligación legal de proveer su manutención.
El análisis de admisibilidad también examina aspectos personales determinantes en el perfil del peticionario, entre ellos su rango de edad, condición de salud física, volumen de integrantes en la familia y solvencia crediticia demostrable. Las autoridades migratorias puntualizaron que el evaluador conservará la potestad de emitir una negativa aun cuando el postulante cuente con el respaldo de un patrocinador económico que haya suscrito formalmente la declaración jurada de sostenimiento financiero.
Con información de El Día.