Especialistas piden blindar el agua y destinar impuestos mineros a comunidades
El debate sobre el impacto de la actividad extractiva en la República Dominicana sumó nuevos planteamientos este fin de semana en Santo Domingo, enfocados en salvaguardar los recursos hídricos y garantizar que los beneficios económicos se traduzcan en bienestar directo para las comunidades cercanas a los yacimientos. Tanto autoridades técnicas como especialistas en geología coincidieron en la necesidad de aplicar criterios estrictos de sostenibilidad y respaldo legal.
El director general de Minería, Rolando Muñoz, sostuvo que cualquier evaluación sobre proyectos mineros debe realizarse bajo un enfoque integral que analice la flora, la fauna y el agua, pero también su potencial para desarrollar infraestructuras viales, centros educativos y dinamismo productivo. Al citar la experiencia del municipio de Cotuí, en la provincia Sánchez Ramírez, donde las operaciones operan formalmente desde 1975, Muñoz puntualizó que la minería ha facilitado obras hidráulicas indispensables para abastecer a la población y sostener la agricultura en el Bajo Yuna.
El funcionario enfatizó de manera categórica que la preservación de las cuencas hídricas debe constituir la máxima prioridad del Estado dominicano. En ese sentido, afirmó que ningún proyecto que ponga en peligro el acceso al agua puede ser admitido sin rigurosas investigaciones técnicas y respaldo científico fundamentado en evidencias, en estricto cumplimiento del marco legal y del artículo 14 de la Constitución referente a los recursos naturales.
En una sintonía complementaria, el ingeniero geólogo Osiris de León propuso que el Estado disponga del 10 % de los ingresos fiscales generados anualmente por la extracción de oro para la restauración ambiental de los ecosistemas y la ejecución de obras sociales en los poblados colindantes. De León calculó que si la minería aurífera aporta cerca de RD$40,000 millones cada año al fisco nacional, las autoridades gubernamentales podrían canalizar unos RD$4,000 millones directamente hacia la mejora de la calidad de vida de esas demarcaciones.
El geólogo argumentó además que la minería es un motor primario indispensable para la fabricación de equipos médicos, construcción y transporte, conviviendo junto a la agricultura, ganadería, pesca y silvicultura. No obstante, advirtió que al igual que el sector agropecuario debe mitigar los efectos de pesticidas y plaguicidas, la industria extractiva debe operar bajo compromisos ambientales innegociables para mitigar sus secuelas y asegurar una convivencia armónica con los ecosistemas.
Con información de El Nuevo Diario.