Experta advierte en el congreso del CLAD sobre uso de datos ciudadanos en IA pública
La directora ejecutiva del Observatorio Datalawrd, Emely García, planteó que la inserción de herramientas de inteligencia artificial en la administración pública requiere de salvaguardas rigurosas para custodiar la información confidencial de la ciudadanía. La jurista expuso sus reflexiones durante la celebración del trigésimo primer Congreso Internacional del CLAD, efectuado en Santo Domingo, en una mesa temática enfocada en el modelo y las garantías de la tecnología estatal.
En su intervención, la experta advirtió que la modernización institucional no puede supeditarse únicamente al afán de rendimiento tecnológico o a la celeridad en la tramitación de expedientes. Explicó que toda decisión mecanizada que influya en los derechos de las personas, el otorgamiento de beneficios o el acceso a los servicios esenciales debe conducirse bajo preceptos irrenunciables de seguridad jurídica, proporcionalidad, transparencia y comprobada responsabilidad institucional.
Al reflexionar sobre la gestión ética de los algoritmos gubernamentales, García fue categórica al indicar que la validez de estos instrumentos nace mucho antes de su codificación técnica. La ponente enfatizó que disponer del registro de una persona en los archivos no autoriza a las dependencias a perfilar a los usuarios de forma arbitraria ni a crear resoluciones automáticas desprovistas de fundamentación jurídica y legítima obtención.
Otro de los puntos neurálgicos expuestos por la representante de Datalawrd fue el denominado sesgo de automatización, consistente en una confianza ciega en las sugerencias generadas por sistemas informáticos. La ponente advirtió que delegar resoluciones de impacto social en mecanismos autónomos sin supervisión humana crítica puede lesionar libertades democráticas y vulnerar los derechos fundamentales de los usuarios en cualquier gestión pública.
La participación de la especialista en este foro hemisférico resalta el imperativo de abrir una discusión nacional sobre el marco ético y normativo que debe ordenar el empleo de algoritmos inteligentes dentro del Estado dominicano, situando siempre a la persona como prioridad suprema.
Con información de El Nuevo Diario.