Gabinete Social fija límite salarial de 30 mil pesos para recibir subsidios

El Gabinete de Política Social comunicó que casi 200 mil personas fueron dadas de baja en los programas de asistencia gubernamental tras una depuración del registro de beneficiarios. Esta actualización forma parte de las disposiciones contempladas en el proyecto de Ley Anti Crisis para ordenar la asignación de recursos públicos hacia los sectores de mayor vulnerabilidad en República Dominicana.

La coordinadora institucional del organismo, Geanilda Vásquez, puntualizó que las labores vigentes se concentran en medir el Índice de Calidad de Vida (ICV) de cada solicitante. Bajo este esquema técnico, cualquier titular que perciba ingresos superiores a los 30,000 pesos queda automáticamente excluido del sistema de transferencias, permitiendo concentrar el auxilio económico en las familias que realmente carecen de solvencia financiera.

Las mujeres que encabezan hogares familiares y registran remuneraciones monetarias por debajo de ese umbral de 30,000 pesos conservarán sus asignaciones mensuales sin alteraciones. Estas ayudas estatales comprenden los programas adscritos a la red Supérate, entre los que figuran el Bono Alimenticio, así como los aportes complementarios para el pago de servicios de energía y combustible conocidos como Bonoluz y Bonogás, garantizando el alivio del gasto corriente.

Vásquez enfatizó que la depuración del padrón continuará de manera coordinada junto al Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) y otras dependencias estatales, contando con la asesoría de un ente internacional. La presentación del balance se efectuó en el marco de la campaña audiovisual «Cuando una Mujer Avanza, Todo Cambia», proyecto conjunto con el Centro de Desarrollo Integral para la Mujer (CEDI-Mujer) para difundir historias de superación personal.

En lo relativo a la labor del CEDI-Mujer, la institución reportó que durante el transcurso del presente año se ha brindado atención a más de 4,000 mujeres y despachado más de 11,000 servicios en sus dos recintos principales, ubicados en Santo Domingo y Santiago. Ambas instalaciones disponen de más de 20 programas gubernamentales para respaldar a sectores vulnerables, incluidas jóvenes embarazadas y mujeres expuestas a episodios de agresión doméstica, articulando labores de prevención con la Fiscalía y la Policía Nacional, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mecanismo en el que intervienen más de 900 beneficiarias.

Con información de El Día.