Hábitat para la Humanidad alerta sobre impacto del costo de vivienda en América Latina

La organización no gubernamental Hábitat para la Humanidad dio a conocer este domingo su informe regional sobre condiciones habitacionales, en el cual reveló que el 75 % de los consultados en territorio latinoamericano y caribeño debió restringir consumos cotidianos, recurrir a ahorros o buscar ingresos extras para sostener el pago de su techo. El estudio, titulado ‘Un hogar, pero ¿a qué costo?’, documenta cómo la creciente presión económica compromete el bienestar de las familias ante la escasez de alternativas asequibles y las barreras de financiamiento.

El relevamiento global abarcó a 30.758 ciudadanos distribuidos en 22 países, evaluando en nuestra zona a residentes de Argentina, Brasil, Guatemala, México, Barbados y Trinidad y Tobago. De acuerdo con las cifras recopiladas, las dificultades presupuestarias obligaron al 33 % de los encuestados a recortar compras de alimentos, al tiempo que un 32 % utilizó reservas bancarias para imprevistos y un 13 % postergó atenciones médicas básicas para no perder su alojamiento.

El encarecimiento habitacional también frena los proyectos personales de las nuevas generaciones. El 56 % de los participantes señaló que el valor de los alquileres y las propiedades dificulta o pospone la decisión de formar una familia, una proporción que se eleva al 62 % entre los millennials y la Generación Z, quienes perciben que el acceso a un hogar propio resulta cada vez más distante de sus posibilidades económicas.

En el ámbito urbano, donde reside más del 80 % de la población regional, los altos precios empujan a los grupos familiares hacia zonas periféricas alejadas de sus fuentes de empleo, incrementando los tiempos y costos de traslado. Además, el problema presenta un marcado déficit cualitativo: el 74 % de los encuestados considera que muchas personas viven en edificaciones inseguras y un 18 % afirmó que su residencia carece de protección frente a inundaciones, frío o calor, en una región donde 190 millones de habitantes resultaron damnificados por desastres entre los años 2000 y 2022.

Frente a esta situación, Ernesto Castro, directivo de área de la ONG para la región, explicó que más de 120 millones de latinoamericanos habitan en asentamientos no regulados y más del 78 % de la población económicamente activa labora en el sector informal, lo que restringe su entrada al sistema de crédito bancario. Castro recomendó actualizar las políticas de subsidios públicos para incorporar a quienes quedan fuera del esquema formal, permitiendo que sus ingresos reales sean válidos independientemente de su origen laboral.

Con información de El Nuevo Diario.