Juegos de Azar otorga plazo de 30 días para regularizar bancas en el país

La Dirección General de Juegos de Azar anunció la apertura de un plazo extraordinario de treinta días para que los negocios del sector no registrados declaren voluntariamente su situación ante el Estado. La disposición, dada a conocer mediante un comunicado oficial emitido en Santo Domingo, abarca a propietarios de bancas de lotería, agencias deportivas y otros locales que quedaron al margen del Plan Nacional de Regularización. El organismo busca con este procedimiento formalizar las actividades de apuestas que operan en diferentes comunidades dominicanas.

El aviso de la entidad reguladora insta a los administradores de establecimientos potencialmente irregulares a presentarse ante la administración pública para transparentar sus operaciones. No obstante, la comunicación distribuida el 23 de octubre no puntualizó el día exacto de cierre del período ni detalló las condiciones específicas que se aplicarán a los propietarios que acudan al llamado oficial, lo que ha generado expectativas e inquietudes entre los representantes de este renglón económico.

La medida cobra relevancia ante el marco jurídico establecido por la Ley 86-26 que rige los juegos de azar en la República Dominicana. De acuerdo con el artículo 162 de dicha legislación, las personas que manejen apuestas comerciales sin disponer de la debida autorización gubernamental se exponen a sanciones que oscilan entre uno y dos años de prisión, sumadas a penalidades económicas de tres a seis salarios mínimos del sector público.

Por otro lado, la Resolución 02-2026 contempla clausuras forzosas y medidas disciplinarias para los puntos de venta que hayan iniciado labores al margen de los calendarios autorizados y sin las licencias de rigor. Paralelamente, el artículo 190 del referido marco legal fija un lapso de doce meses para que los comercios que ya contaban con aval o que estaban acogidos a planes previos formalicen su inscripción definitiva dentro del Sistema Único de Registro.

La institución rectora, encabezada de forma transitoria por el funcionario Quico Tabar, mantiene abiertas sus vías de atención para orientar a los operadores interesados en someter su documentación. Las autoridades recuerdan que el cumplimiento normativo garantiza mayor seguridad a los clientes y evita el cierre definitivo de los locales comerciales.

Con información de Diario Libre.