Medio Ambiente fija multas de hasta mil salarios a quienes tiren basura en la vía pública
El marco jurídico dominicano establece sanciones económicas que alcanzan hasta mil salarios mínimos del sector público y la realización de labores comunitarias para quienes arrojen basura en lugares indebidos. Esta advertencia legal busca frenar la proliferación de vertederos improvisados que actualmente afectan diversos sectores del Gran Santo Domingo, donde solares desocupados y vías urbanas sufren el impacto del depósito descontrolado de desperdicios.
La regulación descansa sobre la Ley 225-20, normativa rectora de la gestión de residuos sólidos que fue modificada a través de la Ley 98-25. Conforme a las precisiones aportadas por el jurista Jonathan del Rosario, profesional versado en derecho administrativo, el estatuto divide los hechos punibles en tres categorías fundamentales según su impacto ambiental: faltas muy graves, faltas graves y aquellas consideradas de menor escala.
Las violaciones de máxima gravedad comprenden el vertido descontrolado de desechos domésticos, materiales peligrosos o elementos de manejo técnico singular, así como su transferencia a personas desprovistas de licencias oficiales. En estos escenarios, el Ministerio de Medio Ambiente ostenta la facultad de requerir pagos que oscilan entre cien y mil sueldos básicos del Estado, sumando clausuras de establecimientos comerciales, suspensiones por bienio y penalidades de servicio social de dos a treinta jornadas. Asimismo, cuando se trata de materiales sumamente tóxicos, el castigo pecuniario trepa desde mil hasta tres mil sueldos mínimos.
Por su parte, los desacatos categorizados como graves suponen cobros que van de veinticinco a noventa y nueve salarios mínimos estatales. El abogado Del Rosario puntualizó que las alcaldías mantienen vigentes ordenanzas territoriales propias para resguardar la vía comunitaria, facultando a los gobiernos locales a forzar el saneamiento del área perjudicada, sin descartar que la fiscalía inicie querellas penales en cuadros de perjuicio colectivo.
Con información de El Día.