Normativa limita a cinco los contactos diarios de cobro a deudores del sector bancario

Las entidades bancarias y las empresas dedicadas al cobro de deudas en República Dominicana están sujetas a límites específicos que regulan la frecuencia, los canales y las condiciones de sus gestiones extrajudiciales. Aunque reclamar el cumplimiento de un crédito contraído constituye un procedimiento legítimo, el ordenamiento jurídico nacional prohíbe el empleo de amenazas, humillaciones o prácticas intimidatorias orientadas a presionar el pago de los compromisos financieros pendientes.

De acuerdo con la Resolución 010-16 del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), los cobradores no pueden superar las cinco comunicaciones en una misma jornada por deudor y tipo de compromiso financiero pendiente, sin importar el canal técnico utilizado. La reglamentación ordena además una pausa obligatoria de por lo menos treinta minutos de intervalo entre un mensaje o llamada y el siguiente, con el propósito de salvaguardar el sosiego de las personas.

La franja horaria autorizada para este tipo de trámites comprende de lunes a viernes desde las siete de la mañana hasta las ocho de la noche, mientras que los sábados únicamente se permite el contacto de nueve de la mañana a una de la tarde. Durante los domingos, fechas festivas y días no laborables rige una prohibición absoluta para adelantar cobranzas por vía telefónica o mensajería digital en todo el territorio nacional.

El abogado Jean Cristhoper Pérez aclaró que las comunicaciones orientadas a los centros de trabajo deben gestionarse de forma estrictamente personalizada y discreta, teniendo el ciudadano la facultad legal de exigir que cesen estos contactos si comprometen su seguridad laboral. Igualmente, las empresas cobradoras tienen prohibido revelar a familiares, colegas o empleadores los montos adeudados o pormenores financieros del titular sin contar con su consentimiento previo, garantizando que el reclamo no vulnere la privacidad ni la tranquilidad familiar.

Estas disposiciones buscan mantener un equilibrio adecuado entre la recuperación legítima del crédito y el respeto a la dignidad ciudadana. Los deudores cuentan así con herramientas claras para identificar abusos y hacer valer sus derechos fundamentales frente a métodos de cobranza que excedan los parámetros establecidos por los entes reguladores.

Con información de N Digital.