Onpeco pide priorizar el arroz nacional como un pilar clave de seguridad alimentaria
El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (Onpeco) advirtió este jueves que el debate sobre la apertura comercial arrocera debe situarse en el ámbito de la seguridad alimentaria y la estabilidad de la canasta básica en República Dominicana. La institución enfatizó que defender la producción local de este grano constituye una decisión de supervivencia indispensable para resguardar a las familias dominicanas frente a perturbaciones en los mercados extranjeros.
El organismo de defensa al consumidor remarcó la vulnerabilidad geográfica del país como territorio insular, al depender en gran medida del transporte marítimo y aéreo para la llegada de insumos importados. Mediante una comunicación informativa, la entidad advirtió sobre el impacto de un eventual desabastecimiento provocado por emergencias o contingencias climáticas externas: «No estamos preparados para garantizar la alimentación de la población si los barcos y aviones dejaran de llegar», advirtió la entidad al llamar a una planificación responsable.
Según estadísticas del Ministerio de Agricultura, los campos dominicanos han alcanzado volúmenes productivos significativos. Durante la cosecha de 2024 la recolección nacional superó los 14 millones de quintales de arroz, en tanto que en 2025 la producción arrocera se aproximó a los 14.8 millones de quintales. Este abastecimiento autóctono permitió al país sortear con estabilidad las crisis globales de cereales experimentadas en 2008 y 2011, evitando depender plenamente de embarques foráneos para alimentar a la población.
Onpeco recordó que el cronograma de desgravación arancelaria suscrito dentro del DR-Cafta establecía la tasa cero para las importaciones de arroz en 2025, un escenario que exigía preparar políticas de competitividad para el sector arrocero nacional con amplia anticipación. Asimismo, indicó que en diciembre de 2024 el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 693-24 con salvaguardas arancelarias, disposición que fue derogada en septiembre de 2026 mediante el Decreto 635-26, por lo que instó a las autoridades a fijar medidas transparentes que aseguren la permanencia de los productores locales.
Con información de El Nuevo Diario.