Presentan proyecto de ley para regularizar a personas con cédulas bloqueadas en RD
Una iniciativa legislativa depositada en el Congreso Nacional por la diputada Maribel Almánzar de Ogando busca crear un régimen especial que permita determinar, reconstruir la identidad civil y regularizar los documentos de miles de personas que tienen sus cédulas dominicanas bloqueadas. La propuesta sometida procura superar el limbo jurídico que afecta a ciudadanos perjudicados por impedimentos, suplantaciones o irregularidades registrales originarias en el sistema del Registro Civil.
El proyecto legislativo tiene como objetivo subsanar los vacíos y limitaciones dejados por normativas previas, entre ellas la Ley 169-14, la cual dejaba fuera de sus beneficios los registros que contaran con falsedad de datos. De acuerdo con la pieza presentada, los ciudadanos afectados han consolidado durante décadas una existencia civil, familiar, laboral y económica legítima en territorio dominicano, habiendo celebrado matrimonios formales, declarado a sus descendientes, comprado inmuebles, obtenido puestos de trabajo y manejado cuentas bancarias bajo el amparo de documentos estatales.
El régimen propuesto reconoce que fallas institucionales e históricas del propio Registro Civil propiciaron que muchas personas obtuvieran identificaciones bajo presunción de legalidad que luego les fueron retiradas, lesionando derechos fundamentales. Por ello, la normativa establece que la corrección de anomalías en los expedientes otorgue un tratamiento jurídico justo que garantice la validez y oponibilidad frente a terceros de contratos, pensiones acumuladas, títulos de propiedad y derechos filiales de las familias afectadas, protegiendo al mismo tiempo la estabilidad general del sistema.
La iniciativa se fundamenta en principios constitucionales esenciales como la dignidad de la persona humana, la igualdad, el derecho al nombre y a la personalidad jurídica. Al defender la pieza, voceros de organizaciones civiles expresaron: «No podemos permitir que las fallas del pasado sigan condenando a miles de personas a una muerte civil. Este proyecto de ley no busca premiar la ilegalidad, sino aplicar un principio elemental de justicia y seguridad jurídica: separar el hecho registral original de las realidades humanas, familiares y económicas que se consolidaron legítimamente a lo largo de décadas bajo el amparo de un documento del Estado».
Con información de El Nuevo Diario.