República Dominicana cumple diez años sin revista vehicular ni inspección técnica activa

Al cumplirse diez años de la paralización de la revista vehicular, la República Dominicana aún no dispone de un sistema formal de inspección técnica periódica que certifique las condiciones mecánicas y de seguridad del parque automotor en las carreteras nacionales. Esta falta de controles mecánicos persiste en momentos en que los conductores renuevan el marbete anual ante la administración tributaria, un trámite fiscal que difiere conceptualmente de la revisión técnica del vehículo.

La supresión del mecanismo tradicional se remonta a julio de 2016, cuando el entonces director de Tránsito Terrestre, Luis Estrella, estimó que el Estado dominicano dejaría de percibir aproximadamente RD$40 millones por concepto de este cobro. La justificación ofrecida en aquel momento radicaba en la urgencia de adecuar el proceso al nuevo marco legal del transporte terrestre y preparar un esquema moderno de revisión técnica operado a través de centros y talleres autorizados.

En este contexto, las autoridades aclaran a los conductores que la revista y el marbete cumplen funciones totalmente diferentes en el marco legal. Mientras el marbete representa una etiqueta adhesiva anual que certifica el pago del Impuesto de Circulación Vehicular administrado por la Dirección General de Impuestos Internos, la revista constituye la validación que avala las condiciones físicas para transitar de manera segura, sumándose a la placa metálica que actúa como identificación legal de la unidad.

A lo largo de esta década, los planes estatales para reactivar las inspecciones mecánicas atravesaron diversas vicisitudes administrativas. En 2019, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre convocó la licitación pública internacional identificada como INTRANT-CCC-LPI-2019-0001 para la adquisición de equipos y operación del sistema nacional, proceso que concluyó formalmente declarado desierto. Posteriormente, la propuesta fue canalizada hacia un modelo de participación público-privada para su diseño integral.

En esa línea, la Dirección General de Alianzas Público-Privadas puntualizó en febrero de 2022 que declarar de interés público el plan de inspección no implicaba su adjudicación ni ejecución inmediata. Ya en su memoria institucional de 2025, el organismo reportó avances en la estructuración de la iniciativa mediante la redacción de borradores del pliego de condiciones y del futuro contrato de alianza, instrumentos técnicos que aún se mantienen bajo revisión para concretar este servicio en el país.

Con información de El Día y Diario Libre.