República Dominicana promulga el decreto 787-26 sobre ética de inteligencia artificial
El Poder Ejecutivo dominicano oficializó mediante el decreto 787-26 la creación del marco ético de inteligencia artificial dirigido a regular la adopción de tecnologías automatizadas en los servicios públicos del país. La disposición institucional establece pautas estrictas para asegurar que el despliegue de herramientas algorítmicas en dependencias gubernamentales opere bajo principios de equidad, seguridad, inclusión y transparencia ciudadana.
El nuevo esquema regulatorio fue confeccionado tras una mesa de consulta multisectorial coordinada de manera conjunta entre la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Asimismo, la elaboración de la normativa contó con la asesoría de la Alianza para el Gobierno Abierto y se fundamenta en directrices promovidas por la Unesco y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Entre los lineamientos de cumplimiento mandatorio resalta la obligación de ejecutar Evaluaciones de Impacto Ético y de Derechos en aquellas plataformas clasificadas como de alta incidencia, entendidas como aquellas que inciden sobre potestades sancionatorias, subsidios sociales o el ejercicio de derechos fundamentales. Dicho análisis técnico deberá recibir la aprobación del ente supervisor antes del encendido operativo de cualquier software en el Estado.
La disposición salvaguarda el derecho de la ciudadanía a recibir notificaciones claras cuando una diligencia o decisión administrativa haya sido asistida por modelos algorítmicos, facultando a las personas para reclamar explicaciones comprensibles y solicitar revisión humana. De forma paralela, el texto veta de forma absoluta prácticas como el puntaje social masivo, la identificación biométrica indiscriminada en espacios públicos sin mandato de un juez, el cálculo criminal predictivo y las determinaciones penales automáticas.
El mandato gubernamental añade salvaguardas especiales frente a plataformas digitales dirigidas a menores de edad, estableciendo una presunción de riesgo y prohibiendo de manera tajante el uso de sistemas que produzcan contenidos lesivos o discriminatorios contra la niñez. A su vez, fija estándares rigurosos de soberanía informática y compras estatales, exigiendo a las empresas proveedoras plenas garantías de trazabilidad, protección de datos y ciberseguridad antes de prestar servicios al Estado.
Con información de N Digital y Diario Libre.