Suplidores navieros alertan sobre el impacto de nuevas tarifas en 49 mipymes del país

Un total de cuarenta y nueve pequeñas y medianas empresas dedicadas al suministro y mantenimiento técnico de embarcaciones enfrentan dificultades operativas debido a incrementos de costos en terminales marítimas bajo concesión. La alerta fue emitida por la directiva de Fenabuques en Santo Domingo, al advertir que los montos aplicados superan los topes previstos en las regulaciones portuarias nacionales.

El portavoz de la entidad empresarial, Guillermo de la Rosa, explicó que las pautas vigentes consagran una tasa de cuatro dólares por tonelada procesada, mientras que diversas administraciones privadas cobran actualmente entre diez y veinte dólares por idéntico concepto. Los proveedores consideran que esta disparidad contraviene lo establecido en la Ley 70-70, normativa orgánica de la Autoridad Portuaria Dominicana que reserva a dicha entidad estatal la fijación tarifaria y la fiscalización del servicio a buques y mercancías.

Las empresas afiliadas al gremio desempeñan funciones logísticas vitales para el comercio exterior, que abarcan desde el avituallamiento de provisiones hasta la descarga y tratamiento especializado de residuos oleosos y desechos peligrosos generados por buques, complejos termoeléctricos e industrias locales. Cada mes, el sector recolecta y procesa alrededor de 700,000 galones de desperdicios derivados del petróleo para su transformación en combustible de uso industrial alternativo, facilitando el apego al tratado ambiental internacional Marpol 1973/78.

El gremio naviero subrayó que sus asociadas aportan mensualmente más de diez millones de pesos a la recaudación fiscal dominicana. Entre sus inquietudes regulatorias también citaron requerimientos de licencias extraordinarias para labores tradicionales como la recogida de chatarra, el retiro de cabos y el despacho de combustibles, exigencias que a su juicio complican la fluidez de sus faenas cotidianas en los muelles.

Frente a este escenario, los abastecedores solicitaron al Gobierno y a las entidades rectoras del transporte naval instalar una mesa de concertación técnica. El objetivo de este acercamiento consiste en consensuar el reglamento de aplicación de la Ley 5-23 sobre Comercio Marítimo, atendiendo a lo dispuesto en su artículo 590, con la meta de garantizar estabilidad jurídica a los operadores independientes.

Con información de AlMomento y El Día.