Trabajo otorga 30 días a bancas de lotería para asegurar condiciones dignas
El Ministerio de Trabajo concedió un plazo de 30 días calendario a los dueños, concesionarios y administradores de bancas de lotería y salas de apuestas de toda la República Dominicana para normalizar las condiciones sanitarias de sus locales y regularizar los derechos de su personal. La orden oficial busca garantizar que los establecimientos cumplan a cabalidad con el Código de Trabajo y la normativa de seguridad social, poniendo freno a las precariedades físicas que afectan a miles de operadoras en el territorio nacional.
La resolución administrativa fue rubricada por el ministro de la institución laboral, Eddy Olivares Ortega, quien manifestó su profunda inquietud ante el esquema en que operan numerosas casetas pequeñas dispersas por el país. De acuerdo con los datos gubernamentales, este negocio congrega a más de 110,000 puntos de venta y genera empleo para aproximadamente 200,000 personas, una masa laboral compuesta casi en su totalidad por mujeres que permanecen sentadas durante extensos turnos diarios.
El organismo regulador advirtió que la estrechez del espacio físico o las características de informalidad de las bancas no representan justificación legal alguna para omitir las responsabilidades con la plantilla. En ese sentido, las inspecciones oficiales verificarán la existencia obligatoria de sanitarios adecuados y de fácil acceso, asientos con diseño ergonómico, correcta ventilación, iluminación suficiente, suministro permanente de agua potable y óptimos estándares de salubridad y aseo en cada puesto.
Del mismo modo, los negocios de pronósticos y juegos de azar deberán contar con extintores de fuego funcionales y botiquines equipados para atender contingencias de salud inmediatas. La fiscalización estatal también examinará el abono riguroso de la tarifa del salario mínimo vigente, el respeto a las horas reglamentarias de descanso y la debida afiliación de las trabajadoras en el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
La entidad concedió este período preliminar de un mes para fomentar la adecuación espontánea de los establecimientos comerciales antes de desplegar operativos masivos de inspección sancionatoria en las diferentes provincias del país.
Con información de El Nuevo Diario.